En el documento se explica que, desde el 2002 al 2016 , el Poder Legislativo aprobó un total de 22 contratos de préstamos para las diferentes obras contratadas, ejecutadas o en ejecución, con un monto total de US$1,899 millones de dólares, representando 7% del total de la deuda del sector público no financiero al 31 de diciembre de 2016 y equivalente al 2.7% del PIB, sin incluir los financiamientos utilizados en determinados años sin la debida aprobación congresual, ni los aprobados para la Planta de Punta Catalina.

“El observar el comportamiento, en la forma y el fondo, en que el Gobierno ejecuta las obras contratadas con la Constructora Norberto Odebrecht y sus Asociados dominicanos, es una muestra clara de la política del lodazal y el afán de la delincuencia en la política para  enriquecerse y dirigir el Estado a favor de unos pocos, y para ello lo ensucian y corrompen todo”, afirma el movimiento en el documento de presentación del estudio.

Los que faltan

La investigación realizada por la Marcha Verde destaca que varios de los principales funcionarios responsables de firmar y gestionar contratos o préstamos de Odebrecht no han sido investigados ni sometidos a la Justicia, por lo que el Ministerio Público tiene pendiente aclarar o resolver omisiones que involucran Vicente Bengoa, Cristina Lizardo, Simón Lizardo, Rubén Bichara y Lucía Medina.